martes, 27 de septiembre de 2016

La madre de todas las batallas

Por Emmanuel Álvarez Agis y Juan Manuel Telechea

¿Cuáles son los sectores que se benefician con la caída del costo laboral? Ante los cambios profundos que impone la derecha en el gobierno, la madre de todas las batallas será la que enfrente a los trabajadores para evitar una nueva flexibilización laboral.

La política económica del país cambió rotundamente desde diciembre de 2015, de eso no hay dudas. Más difícil resulta, en cambio, entender la naturaleza de esas reformas, lo que permitiría descifrar –y anticipar- la lógica que rige el comportamiento del gobierno del PRO. Esta dificultad reside, en parte, en la definición “neoliberal” que se le atribuye al gobierno. No porque no lo sea, sino por la falsa caracterización con la que se lo suele presentar. El surgimiento del neoliberalismo puede ubicarse en el Coloquio Walter Lippmann, llevado a cabo en 1938 y que reunió a una gran cantidad de filósofos, economistas y teóricos liberales (entre los que se destacaban el propio Lippmann, Rougier, Hayek y Mises), cuyo objetivo era precisamente analizar el fracaso de la doctrina clásica liberal y el avance del socialismo.

Hubo un reconocimiento tácito de que el fracaso de estas ideas estaba vinculado con la defensa a ultranza de una libertad sin ningún tipo de restricciones .Lo que estos teóricos advirtieron fue que en la realidad no existe la posibilidad de que surja espontáneamente un mercado autorregulado. Esto es porque las sociedades son criaturas del derecho y de Estado: Toda propiedad, todo contrato, toda sociedad existe porque existen derechos, garantías y obligaciones cuya aplicación se puede asegurar cuando son sancionados por la ley a través del Estado. La diferencia principal radicaba entonces en concebir al liberalismo como un liberalismo activo dirigido a la creación consciente de un orden legal en cuyo interior la iniciativa privada, sometida a la competencia, pueda desarrollarse con toda libertad. Es decir, y tal como había mostrado K. Polanyi, que el mercado autorregulado solo es posible por medio de la acción política deliberada.

De lo anterior se desprende que los gobiernos neoliberales intervienen activamente en la economía con el objetivo de transformar el marco legal y la estructura económica para que se comporte como ellos creen que debe funcionar. Pero además, las características de estos gobiernos no son idénticas ni son las mismas a través del tiempo. Existen ciertos rasgos generales que los caracterizan, pero en cada sociedad y según el contexto histórico adquieren características propias. El neoliberalismo, como todo fenómeno social, evoluciona. El gobierno de Macri es sin lugar a dudas un gobierno neoliberal, pero no es un retorno a los ’90. Eso es, casi por definición, imposible, debido a que implicaría desconocer que entre un gobierno y otro tuvo lugar la crisis económica más grande de la historia argentina y además doce años de gobiernos kirchneristas.

Es neoliberal porque, como se desprende de la definición que presentamos anteriormente, es un gobierno que desde el primer día intervino activamente con el objetivo de transformar el marco regulatorio que rige la dinámica económica. Pero a la vez entiende que para sostenerse en el poder debe volver a ser legitimado en las urnas, lo que implica sostener sus bases de apoyo y tratar de contener, hasta donde se pueda, al resto. Solo así se puede entender la convivencia de políticas que a priori pueden parecer tan disímiles como la desregulación del mercado cambiario o los despidos en el sector público y el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables o el aumento del seguro de desempleo. Esto es un rasgo fundamental de este neoliberalismo aggiornado, que refleja que entiende de política y que implementa las medidas económicas en función de eso, y no a la inversa. Al igual que con el kirchnerismo, la política sigue primando sobre la economía.
Sumado a lo anterior, la velocidad de los ajustes implementados, si bien drásticos en relación con el modelo anterior, fueron “graduales” según una parte del propio equipo económico. Esto refleja que el PRO entiende que modificar la distribución de los ingresos, uno de sus principales objetivos, es un proceso que lleva tiempo. Y, además, que para eso no alcanza solo con medidas puntuales, como puede ser una quita de retenciones, sino que deben transformar los marcos regulatorios que estructuran y determinan las relaciones económicas.

En este sentido, la madre de todas las batallas se encuentra, sin dudas, en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Por un lado, en términos económicos, aquí se disputa la distribución del excedente pero también la estrategia de crecimiento de cara al futuro. La dicotomía salarios altos/bajos también se traduce en una estrategia de crecimiento liderado por el mercado interno/externo, en base a bienes manufacturados/commodities, cuyo motor es el Estado/sector privado. En términos políticos, aquí se disputa el poder de organización y de resistencia que históricamente el sector sindical tuvo ante el avance de los gobiernos neoliberales, actuando como principal retaguardia de los intereses del pueblo.

Así, se observó desde el inicio de la gestión una evidente estrategia para ir socavando de a poco el poder de los sindicatos. Primero por medio de un violento ataque al empleo público, tanto desde el punto de vista conceptual como real: no solo se estigmatizó el empleo público refiriéndose a los trabajadores del Estado como “grasa militante”, sino que el gobierno avanzó en el despido de miles de trabajadores del sector público. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio del Derecho Social de la CTA solo durante los dos primeros meses de gestión se despidieron un total de 18.613 trabajadores del sector público.

Los despidos en el sector público abrieron la puerta a los despidos en el sector privado. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la dinámica del empleo cambió drásticamente durante en el primer semestre de 2016: mientras que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 se habían generado un total de 144.895 empleos, en los primeros cinco meses de gestión el nuevo gobierno destruyó un total de 128.294 empleos. Si bien el 63% de esta caída se explica por la dinámica de la industria y la construcción, sorprende observar que el campo y la minería, dos de los sectores más beneficiados por la combinación de la devaluación y la quita de retenciones, destruyeron un total de 15.356 empleos. La nueva dinámica en materia de empleo y el objetivo de disciplinamiento queda clara cuando se observa la tasa de desempleo al finalizar el primer semestre de 2016: 9,3%. Para contextualizar este dato, basta decir que se debe retroceder hasta el año 2006 para encontrar un segundo trimestre con un nivel de desocupación tan alto. En materia de desempleo, los primeros seis meses de gestión de Cambiemos significaron retroceder una década [1].

Todo esto se inscribe en una estrategia más general por parte del nuevo gobierno que podría resumirse en un objetivo bien conocido para nuestro país: la flexibilización laboral. La primera señal en este sentido fue dada por el actual presidente, en una entrevista concedida por el presidente al diario La Nación el 24 de julio. Aquí Macri se preguntaba qué necesita la inversión. Él mismo se contestaba: “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Queda claro que la parte a la que se refería el presidente era a la de los trabajadores. La declaración resulta preocupante por ser absolutamente falsa: cuando se toman los últimos 10 años de historia, existieron en la justicia laboral argentina 20 fallos plenarios de los cuales 10 se resolvieron a favor de los trabajadores y 10 a favor de las empresas [2]. Imposible lograr mayor equidad que esa.

Pero las señales a favor de la flexibilización laboral no terminaron ahí. A poco más de un mes de su primera declaración, el presidente nuevamente apuntó contra los trabajadores, a quienes les pidió que “no pongan palos en la rueda” [3]. En el mismo sentido, a poco de conocerse el incremento en el desempleo luego de 6 meses de “cambio”, el jefe de gabinete de ministros señaló que era necesario avanzar con la aprobación de la ley de Empleo Joven propuesta por el Poder Ejecutivo. El proyecto vuelve a considerar al salario como un costo y, a partir de esta concepción, supone que la mejor forma de reducir el desempleo juvenil es reducir el costo de contratación de este sector de la población. La forma de incrementar el empleo entre los jóvenes de entre 18 y 24 años sería entonces reducir los impuestos y cargas patronales a aquellas empresas que optaran por contratarlos.

Lamentablemente, esta aproximación a la problemática del desempleo juvenil es absolutamente errónea, como toda aproximación que considere al trabajo como un costo. En lo que respecta al desempleo entre los jóvenes, el informe “Emplear a los Jóvenes: Promover un Crecimiento Intensivo en el Empleo” elaborado por la OIT, señalaba ya en 1999 que “es discutible que los programas de empleo o formación para jóvenes en gran escala y no específicos arrojen rendimientos positivos. Hay escasa evidencia de que esa clase de programas mejoren ni las perspectivas de empleo ni las ganancias de los jóvenes, y especialmente de los jóvenes desfavorecidos”. En el mismo sentido, la OIT refuta la visión que sostiene la ley de Empleo Joven promovida por Cambiemos al establecer que “los datos no parecen indicar que la falta de empleo para los jóvenes se deba a que su trabajo resulte demasiado caro”. Y en el mismo sentido, “el desempleo elevado no parece ser básicamente fruto de la protección de los puestos de trabajo, los impuestos sobre las nóminas, la fuerza de los sindicatos ni la ‘inflexibilidad’ de los salarios”.

Por último, el nuevo gobierno tuvo a poco de iniciada su gestión una oportunidad muy concreta de demostrar su posición respecto a medidas orientadas a proteger el empleo. Debido al crecimiento de los despidos y al cambio de dinámica en el mercado de trabajo producido por la recesión económica, la totalidad de las centrales sindicales acudieron a fines de marzo de 2016 al parlamento nacional para pedir que se votara una ley que impidiera los despidos sin justa causa. Luego de un breve debate parlamentario, se votó favorablemente una Ley con ese objetivo. Sin embargo, la decisión del ejecutivo fue vetar esa norma, argumentando que el país no estaba de ninguna manera en una “emergencia laboral”. Sin embargo, los resultados del veto presidencial no hicieron más que confirmar dicha emergencia. De los 128.294 empleos que se perdieron durante los primeros 5 meses de gestión del nuevo gobierno, 41.097 fueron explicados por despidos sin justa causa, despidos que podrían haberse impedido si el presidente no hubiese vetado la ley.

Siempre se dice que las crisis son también una oportunidad. Pues bien, los momentos de crisis económicas suelen ser “oportunidades”, pero para flexibilizar el mercado de trabajo. Puesto que en la actualidad Argentina se encuentra transitando una recesión, es interesante intentar anticipar cuáles podrían ser los efectos de una flexibilización laboral sobre la desocupación. Lamentablemente, la crisis internacional que comenzó en 2008 con la caída de Lehman Brothers convirtió al mundo en un laboratorio en materia de flexibilización laboral. Ante la caída de la actividad y el crecimiento del desempleo, muchos países optaron por flexibilizar sus mercados de trabajos con el objetivo de promover el empleo. Sin embargo, y como era de esperar, el resultado fue exactamente el opuesto.

En un análisis sobre los efectos de las reformas laborales de 111 países de todo el mundo (entre los cuales está incluido Argentina) entre los años 2008 y 2014, la Organización Internacional del Trabajo concluyó que la desregulación del mercado de trabajo redujo el nivel de empleo y aumentó la desocupación [4]. De ese grupo de países, los que flexibilizaron su mercado de trabajo tuvieron un crecimiento de su tasa de desempleo de 3,7 puntos porcentuales, mientras que los que incrementaron la protección laboral prácticamente no sufrieron aumentos en la desocupación a pesar de la violenta crisis mundial que tuvo lugar durante esos años. Por lo tanto, en función de los datos disponibles para nuestra economía, podemos concluir que una nueva flexibilización laboral en Argentina podría incrementar el desempleo del actual 9,3% hasta un 13%, tasa similar a la del año 2004, sumando a casi medio millón de argentinos a la desocupación.
Por esta razón, los defensores de la flexibilización laboral en general, la clase empresarial, deberían comenzar a pensar en las conquistas laborales y en los aumentos salariales como un jarabe que, a pesar de saber amargo, es el mejor remedio para la enfermedad actual: la recesión y la consecuente caída de las ventas. Sin embargo, es importante destacar que nuestra hipótesis no es que existen sectores de la sociedad o incluso del actual gobierno que equivocada o desprevenidamente apoyan iniciativas (como la flexibilización laboral) que tienen como resultado un objetivo contrario al buscado, es decir, que terminan subiendo la desocupación en lugar de eliminarla. Nuestra hipótesis es que estas iniciativas son absolutamente consientes de sus resultados: el crecimiento de la desocupación. Porque el verdadero objetivo es el de incrementar la competitividad y las ganancias de algunos sectores de la economía con una herramienta infalible: la desocupación. Incrementar el desempleo es la manera más efectiva de conseguir paritarias que se ubiquen por debajo de la inflación.

De hecho, recientemente los trabajos de Turrini (2015) [5] y Duval y Elmeskov (2006) [6] han remarcado el hecho de que las reformas laborales suelen implementarse en momento de crisis económicas, coyuntura que facilita a las autoridades de turno conseguir el apoyo político necesario para este tipo de medidas. A este fenómeno se lo ha bautizado con el nombre de “espalda contra la pared”. Otro interesante resultado de estas investigaciones es que existe una causalidad entre endeudamiento y flexibilización laboral: un mayor endeudamiento aumenta la probabilidad de que un país flexibilice su mercado de trabajo.

Pero ¿por qué decimos que el verdadero objetivo es el de incrementar la competitividad y las ganancias de algunos sectores de la economía? Porque si bien es cierto que a nivel general el salario no puede ser visto exclusivamente como un costo, esta afirmación sí es cierta para dos tipos de empresas: las empresas que exportan la mayor parte de su producción y las empresas que proveen de servicios al sector público, típicamente, las empresas destinadas a la obra pública. En el caso de los exportadores, la excepción es clara: la fuente de demanda de un exportador no son los asalariados locales, sino los del resto del mundo. Por tanto, toda reducción de los salarios domésticos no afecta la fuente de ingresos de este tipo de empresas. El otro caso, que en general ha recibido muchos menos atención, es el de las empresas destinadas a la obra pública. Para este tipo de empresas, su fuente de demanda es el gasto público destinado a la inversión, mientras que los salarios que pagan son estrictamente un costo. El nuevo gobierno se ha encargado de dejar en claro que una de las formas en la cual promoverá el crecimiento será mediante la expansión de la obra pública. Si bien eso no ha pasado hasta el momento, los antecedentes del presidente y de su familia como propietarios de uno de los principales grupos empresarios asociados con la obra pública permiten augurar un futuro próspero para el combo de flexibilización laboral y fomento de la obra pública. La capacidad de la sociedad de resistir un nuevo período de flexibilización laboral estará dada por las acciones que decidan encarar los sindicatos y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que se opongan al nuevo modelo de crecimiento con exclusión social que rige en Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015.


NOTAS

[1] Cabe aclarar un punto. La nueva administración nacional arguyó que el 9,3% de desempleo no podía ser comparado con el guarismo del mismo trimestre del año anterior puesto que las cifras provistas por el organismo oficial estarían sospechadas de manipulación. Sin embargo, si se observan los datos del principal aglomerado del país, CABA, producidos por la oficina de estadísticas de ese distrito, se observa que año a año el segundo trimestre tuvo un incremento del desempleo del 8,6% al 10,5%, muy similar a la dinámica nacional.

[2] Ver comunicado del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Disponible en: https://m.facebook.com/DiputadosFPVPJ/posts/1760022927590075:0

[3] La declaración completa fue “Este proceso comenzó y cada día vamos a estar un poco mejor, y se va a acelerar si cada uno de los argentinos entendemos que si se hace trampa al sistema, se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda y le complica la vida a todo el resto de la sociedad”. Ver http://www.lanacion.com.ar/1930452-mauricio-macri-pidio-que-los-empleados-no-pongan-palos-en-la-rueda-a-las-empresas

[4] En los 111 países analizados se implementaron un total de 643 reformas laborales entre los años 2008 y 2014. El 56% de esas reformas tuvieron como objetivo la flexibilización laboral, es decir, la reducción de la protección de los derechos de los trabajadores. El trabajo completo puede consultarse en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_414588.pdf

[5] Turrini, A.; G. Koltay; F. Pierini; C. Goofard; A. Kiss (2015). “A Decade of Labour Market Reforms in the EU: Insights from the LABREF Database”, IZA Journal of Labor Policy, 4:12.

[6] Duval, R. and J. Elmeskov (2006). “The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets”, ECB Working Paper No. 596 (March).

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